La Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, que preside el diputado Ronald Portillo, continuó este jueves con en el análisis y discusión de la iniciativa 6775, que impulsa la ley para el fomento de la donación de alimentos en Guatemala, que su principal fin será reducir el desperdicio de alimentos que asciende anualmente hasta 1.6 millones de toneladas y el fomento de donación de estos, una acción a favor de la seguridad alimentaria del país.
Para ahondarse en los objetivos generales y especifico del proyecto de ley, los integrantes de la Sala Legislativa escucharon al diputado Julio Héctor Estrada, uno de los ponentes de la iniciativa que pretende responder a la necesidad de reforzar la protección alimentaria, promoviendo la responsabilidad social y cooperación entre el sector privado y la sociedad.
El diputado del bloque Cabal se refirió a aspectos fundamentales que plantea la propuesta, entre ellos la certeza jurídica al sector privado, con el propósito de promover su participación voluntaria en la entrega de productos aptos para el consumo para reducir el desperdicio de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria en el país.
El congresista explicó que la iniciativa busca contar con un ente regulador de control sobre el tiempo perecedero de los alimentos, por lo que, los Bancos de Alimentos y demás entidades receptoras asumirían la responsabilidad de la conservación, almacenamiento y distribución, desde su recepción hasta su entrega a otras entidades de asistencia alimentaria o a los beneficiarios finales.
De acuerdo con los datos estadísticos, el diputado señaló que en Guatemala se registra un promedio de 30 millones de quintales de desperdicio de alimentos en buen estado, estimando que, con el proceso de selección, se podrían alcanzar 300 mil toneladas de alimentos aptos para el consumo, mientras que, más de 2.7 millones de personas enfrentan crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, en el periodo de septiembre de 2024 y febrero de 2025.
Por lo que, la iniciativa pretende regular en el ordenamiento jurídico guatemalteco, Decreto 32-2005, Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de forma específica la gestión de los excedentes y los esquemas logísticos para distribuirlos con eficacia, considerando que, en la práctica, los donantes no cuentan con suficientes garantías jurídicas para efectuar aportaciones de gran escala ni incentivos fiscales adecuados para tal fin.
La Comisión acordó continuar con el análisis del proyecto de ley que busca garantizar incentivos adecuados para las donaciones de alimentos, promoviendo la participación voluntaria del sector privado y la sociedad civil.
